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Cuba recibe este fin de semana a más de una centena de países en la cumbre extraordinaria del G77+China. Durante este viernes y sábado, jefes de Estado y representantes de gobierno del "Sur global" mantendrán una serie de discusiones sobre el actual orden de las relaciones internacionales.

Con la Agenda 2030, las potencias mundiales se presentan en la cumbre extraordinaria del G77 en Cuba. Su vocero, el secretario de la ONU, António Guterres, ha reiterado que defenderá en la isla caribeña este proyecto que podría garantizar el combate a la pobreza y la lucha contra el cambio climático.

Orden global injusto

Y aunque suene muy global, Ernesto Domínguez López, historiador e investigador en la Universidad de la Habana, explica que esta visión del mundo es ambigua, pues los países del Sur aún tienen mucho que decir sobre la actual política internacional. Este encuentro, precisa, podría llevar a “discusiones, incluso en algunos casos intensas”.

“La Agenda 2030, y prácticamente todos los proyectos que se han generado dentro de las Naciones Unidas, son expresiones de la correlación de fuerzas precedente que implica, por supuesto, un desarrollo desigual”, estima el analista.

Y según él, es interesante ver que “algunos medios dicen que la convocatoria es para lograr un orden global menos ‘injusto’, y entre comillas injusto, como si realmente fuera una locura pensar que el orden global es injusto, cuando en realidad lo que vemos es un orden desigual. Si entendemos que la desigualdad es típicamente una injusticia, me parece que es muy claro que hay niveles de injusticia importantes en ese orden global”.

Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró en conferencia de prensa que al término de la cumbre se pretende publicar una declaración conjunta sobre “los principales obstáculos de acceso al desarrollo de los países del sur” e hizo un "llamado al establecimiento de un orden económico internacional nuevo".

“Espacios para el diálogo”

Dada la numerosa presencia de jefes de Estado y de representantes de alto nivel, Domínguez López consideró que en esta cumbre habrá espacios de diálogo "en los cuales puede haber acuerdo y concertación, considerando que la Agenda 2030 toca aspectos que realmente son vitales para el desarrollo futuro y para incluso la supervivencia de la humanidad”.

“Pienso que va a dar espacio a contradicciones importantes y va a ser interesante ver cómo esto se manifiesta, porque evidentemente no toda la representación ni todos los Estados y gobiernos de ese G77+China tienen posiciones similares. Hay una gran diversidad de enfoques y en las condiciones en que estamos, esto es un evento que puede dar resultados importantes de impacto, o también existe la posibilidad de que no llegue a ninguna parte, que está claro en esto no hay un camino preestablecido que nos permita saber de antemano qué va a salir de esta cumbre”.

Después de las Naciones Unidad, el G77 es la segunda agrupación más grande del mundo, con 134 países, incluida China, que se identifica como un país del Sur global.

Manifestantes paralizaron este 5 de febrero las principales ciudades de Haití, enfrentándose a la policía, para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

Se agota la confianza para el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. Al sufrimiento de la población, que sigue sumida en una ola intensa de violencia e inseguridad, se suma ahora el desapego y el escepticismo de los pocos actores políticos que habían apoyado a Henry hasta la fecha.

“Expresión del rechazo de la población”

Por ello, la sociedad civil del país convocó movilizaciones antigubernamentales que se iniciaron el domingo y que tienen previsto finalizar el 7 de febrero, fecha que conmemora la caída de la dictadura impuesta por el clan Duvalier, y día en el que Ariel Henry tenía previsto finalizar su mandato.

“Hay mucha incertidumbre porque anunciaron manifestaciones, movilizaciones, huelga... Es un poco la expresión del cansancio y de la indignación de la población: después de 30 meses de un gobierno provisional totalmente ilegal e ilegítimo, las condiciones de vida son pésimas desde el punto de vista económico, social, y la inseguridad ha empeorado. Así que es un poco la expresión del rechazo de la población a esta forma de gobierno y la forma de dominación del imperialismo norteamericano”, explica a RFI Camille Chalmers, profesor de Economía y de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Príncipe.

“Juego bastante confuso”

Las actuales protestas en Haití han generado una cierta confusión entre la población, ya que entre los impulsores de estas movilizaciones destacan el ex policía y ahora líder paramilitar Guy Philippe, a su vez uno de los impulsores del golpe de Estado de 2004, y el exsenador Jean-Charles Moïse, el mayor líder de la oposición.

“Guy Philippe fue encarcelado en Estados Unidos. Sé que reconoció sus actividades de narcotraficante y que regresó al país con un discurso muy sorprendente, aprovechando un poco el cansancio de la población para decir que quiere hacer una revolución. Discurso bastante sorprendente que no tiene nada que ver con su pasado. Jean-Charles Moïse había tenido un peso político importante, pero fue un poco desacreditado por la confusión en su alianza con un ala de la extrema derecha. Así que no tiene el mismo peso político que tenía hace como cuatro o cinco años”, comenta Chalmers.

El profesor subraya que hay “una confusión enorme en la coyuntura política”, debida a que “los métodos y la visión política de Philippe no tienen mucha diferencia con el accionar de las bandas, e incluso alguna gente prevé una cierta alianza entre las pandillas y Philippe. Así que es un juego bastante confuso”. “Y también hay la hipótesis que todo eso puede llevarnos a una nueva ocupación militar extranjera de Estados Unidos”, agrega.

La situación de inseguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales ha provocado el éxodo de más de 300.000 personas dentro de su propio territorio. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.

Según el Informe Global de Amenazas de FortiGuard Labs para el año pasado, Latinoamérica fue el principal blanco de los hackers. México, Brasil, Colombia y Perú fueron los mayoritariamente los objetivos de los 360.000 millones de intentos de ciberataques que se dieron en la región el año pasado. Para el experto Camilo García, una solución es una mayor concienciación a nivel ciudadano, ya que son ellos las principales víctimas de estos ataques.

Latinoamérica es la principal región del mundo blanco de ciberataques, indica el Informe Global de Amenazas de FortiGuard Labs para 2022.

Fueron 360.000 millones de intentos de hackeo. La amenaza más recurrente es el ransomware, o pedido de rescate de datos que han sido capturado por los hackers. Los países más atacados fueron México, Brasil, Colombia y Perú. Aunque el hackeo más espectacular ocurrió en abril de 2022 en Costa Rica, interrumpiendo los servicios gubernamentales y obligando al presidente a declarar una emergencia nacional.

¿Qué falta en la región para proteger mejor a la ciudadanía de estos criminales anónimos? Camilo García es editor del sitio MuchoHacker.lol y se dedica desde hace años a esta problemática.

"Debería empezar a construirse una conciencia de lo digital desde los ciudadanos, desde las personas comunes y corrientes. No desde los Gobiernos, no desde las diferentes ideas políticas, sino de la persona que puede recibir en su Whatsapp un mensaje electrónico que busque el robo. Es ahí donde existe una mayor vulneración", explicó a RFI.

Compartir la información para combatir los ataques

Para el editor, también debe haber cambios en la gestión del problema en el sector público: "Como por ejemplo en Australia. Tienen un track, que es una página web pagada por el Gobierno, donde hacen público el tipo de ataques que se tiene".

"Si estamos ante un ataque a través de mensajes de texto donde te quieren robar claves, esa información no puede estar al alcance de 3 o 4 investigadores cibernéticos o personas de inteligencia. Esa información debe ser pública, transparente. Si se detecta, todo el mundo debe tener acceso", concluye.

Además, uno de los problemas que enfrenta Latinoamérica es que es una de las regiones que más tarda en poner parches a sus programas después de ser objeto de un ciberataque.

En México, la iniciativa presidencial para que los mexicanos se jubilen con una pensión equivalente al 100% de su último salario suscita interrogantes entre varios sectores. ¿Cómo se financiará? El gobierno intenta tranquilizar a los empresarios afirmando que el estado asumirá la mayor parte del coste.

El 5 de febrero el Congreso recibirá un texto para reformar las pensiones. Valeria Moy, economista y directora del Imco, Centro de Investigación en Política Pública no nos escondía su sorpresa. “Ni siquiera sabemos cómo se va a fondear ni de qué trabajadores se habla, porque claro, hay que ver la dinámica poblaciones del país: si son para todos los trabajadores, para los que se retiren este año o los que se retiren el año que entra. No tenemos idea”.

“Normalmente, estos cambios tienen que tener cierta gradualidad, porque le pueden meter una presión una presión importante a las finanzas públicas o al propio sistema financiero”, recuerda Valeria Moy. “Sobre cómo se va a implementar, no tenemos ni idea. [El presidente] solo ha dicho que el objetivo es tener una tasa de reemplazo del 100%”.

La tasa de reemplazo - nivel de la pensión con relación al sueldo recibido durante el periodo de actividad – varía del 40% en países como Japón y Canadá hasta superar el 90% del sueldo en naciones como Holanda y Portugal. En México, esta tasa es de 62% para un trabajador con salario promedio.

En estos momentos en México, hay dos sistemas que conviven entre los cotizantes. Uno que se rige por un sistema de solidaridad por el que los trabajadores financian a través de impuestos las pensiones de los jubilados y otro sistema por el que se aporta a una cuenta individual de cada trabajador a la que tiene acceso cuando uno se retira, llamado Afores.

“Hoy por hoy si una persona que empezó al sistema de Afores se retira, tendría una tasa de reemplazo del 30% que se muy baja. Pero con la reforma de 2020, un joven de ahora, que empiece a cotizar en 2030 –por la reforma que ya se aprobó -, tendría una tasa de reemplazo de alrededor del 75% que ya no es una mala tasa de reemplazo”, prevé Valeria Moy.

La economista advierte sin embargo que “una tasa de 100% suena muy bien, me encantaría, pero ¿quién lo va a pagar? Cuando además tenemos un país donde el mercado laboral está completamente segmentado entre un mercado laboral formal que cotiza a la seguridad social y un mercado informal o independiente que no cotiza”.

“Uno de los grandes problemas es que la mayor parte de la población ocupada lo hace de manera informal: 56 de cada 100 personas que trabajan, lo hacen de manera informal”, recuerda Valeria Moy.

“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, adelantó el presidente López Obrador, al anunciar su reforma.

Su partido, Morena, deberá sin embargo buscar los votos de la oposición para alcanzar la mayoría necesaria para dicha reforma.