Trump, Orwell y los "chicos de Scottsboro"

09/01/23 • -1 min

Rompiendo la barrera del silencio, por Amy Goodman

Amy Goodman y Denis Moynihan “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”, escribió George Orwell en “1984”, su famosa novela distópica sobre el autoritarismo. El libro nos legó el término “orwelliano”, el cual se utiliza comúnmente para describir situaciones en las que se pasan por alto los hechos, se distorsiona la verdad o se sostiene que dos más dos es igual a cinco. Ahora, casi 75 años después de la publicación de la obra, Estados Unidos se encuentra inmerso en su propio enfrentamiento con el autoritarismo, luego de la imputación penal del expresidente Donald Trump por intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 para permanecer en el poder. Uno de los recientes recursos que interpuso ante los tribunales federales de Estados Unidos el equipo legal de Trump es verdaderamente orwelliano. El intento del expresidente era retrasar su juicio casi tres años. El escrito presentado establece una comparación entre Trump —una persona que se describe a sí misma como multimillonaria— y los llamados “chicos de Scottsboro”, nueve jóvenes negros que sufrieron una de las persecuciones judiciales más notoriamente racistas de la historia de Estados Unidos. El 25 de marzo de 1931, un tren de carga que iba de Chattanooga a Memphis, en Tennessee, cruzaba el estado de Alabama. Dos mujeres blancas que viajaban en ese tren —Victoria Price, de 23 años, y Ruby Bates, de 17— acusaron a nueve jóvenes negros que viajaban en el mismo tren de violarlas en grupo. Los jóvenes, que tenían entre 12 y 20 años, fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la ciudad de Scottsboro, Alabama. Una turba de personas blancas se congregó en frente de la prisión, con la intención de linchar a los jóvenes acusados. Afortunadamente para los prisioneros, tanto el sheriff como el gobernador de Alabama se opusieron al linchamiento. El gobernador ordenó a la Guardia Nacional de Alabama que rodeara la cárcel. Si bien fueron protegidos de la turba, los “chicos de Scottsboro” estaban completamente indefensos ante el sistema judicial profundamente racista de Alabama. Al día siguiente de su detención, los nueve jóvenes fueron imputados. Dos semanas después, ocho de los “chicos de Scottsboro” habían sido juzgados, declarados culpables y condenados a muerte. Su calvario se prolongó durante décadas. En un juicio posterior, Ruby Bates se retractó de su acusación y testificó a favor de los nueve jóvenes. Dos apelaciones que fueron presentadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos resultaron en sentencias significativas que establecieron las normas respecto al derecho a tener un equipo legal competente y tiempo suficiente para preparar la defensa y también prohibieron las medidas racistas que permitían excluir la participación de personas de color en los jurados. Esto nos lleva nuevamente a Donald Trump. El 1 de agosto de este año, el expresidente fue imputado penalmente por cuatro cargos relacionados con sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado. Dentro de los cuatro cargos señalados en la acusación, uno de ellos es conspirar contra los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses. Este cargo fue establecido como delito originalmente en 1870 para poder enjuiciar al Ku Klux Klan por negarles a los ciudadanos negros liberados su derecho al voto. El fiscal especial Jack Smith pidió que el juicio contra Trump comenzara en enero de 2024. Sin embargo, el equipo legal de Trump contraatacó con una petición para que el juicio se retrasara hasta abril de 2026. En el recurso presentado ante el tribunal, los abogados hicieron referencia al fallo de la Corte Suprema en el “caso Powell contra Alabama”, una de las apelaciones presentadas ante el alto tribunal para impugnar el juicio contra los “chicos de Scottsboro”. En esa ocasión, la Corte estadounidense determinó que la rapidez escandalosa en la detención y condena a muerte de los jóvenes, junto con la deficiente representación legal que recibieron, eran inconstitucionales. En su rechazo a la extravagante petición de Trump, la jueza federal Tanya Chutkan expresó: “Muchos casos se retrasan de manera excesiva debido a que una persona acusada carece de una defensa apropiada o no puede examinar adecuadamente la presentación de pruebas a causa de su detención. No es esta la situación que se presenta aquí”. LaDoris Hazzard Cordell, una jueza retirada del Tribunal Superior de California, declaró a la cadena de noticias CNN que la infortunada comparación de Trump con los “chicos de Scottsboro” es “sorprendentemente estúpida”. Por su parte, Anthony Michael Kreis, profesor adjunto de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo a Democracy Now!: “La lección más importante que se extrae del caso de los “chicos de Scottsboro” es que en Alabama, a principios de la década de 1930, existían autoridades que empleaban el sistema de justicia penal para reforzar el supremacismo blanco. [Esto se evidenci...

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De Irán en el 53 a EE.UU. en 2021: una historia de golpes de Estado perpetrados por EE.UU. que finalmente llega a casa

Amy Goodman y Denis Moynihan El 19 de agosto se cumplieron 70 años del derrocamiento de Mohammad Mosaddegh, el primer líder político iraní elegido democráticamente como primer ministro de ese país. Este derrocamiento constituyó el primer golpe de Estado de la era moderna orquestado por Estados Unidos y signó el comienzo de décadas de golpes de Estado, asesinatos y “cambios de régimen”. Mientras el sombrío aniversario de aquel primer golpe en Irán generó escasa atención en Estados Unidos, un intento de golpe de Estado estuvo en la primera plana de las noticias. Esta semana comenzaron a entregarse a las autoridades judiciales de Georgia los imputados en el caso presentado contra Donald Trump y 18 cómplices por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Esta es la segunda imputación que recibe el expresidente Trump por intentar realizar un golpe de Estado contra Estados Unidos tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Si bien la muchedumbre violenta convocada por Trump que irrumpió en el Capitolio de Washington D.C. estuvo a punto de impedir el traspaso pacífico del poder, los actos de violencia que se perpetraron el 6 de enero de 2021 no se comparan con la cantidad de sangre derramada en las innumerables intervenciones que Estados Unidos patrocinó alrededor del mundo. El Gobierno del presidente Dwight Eisenhower participó directamente en el derrocamiento de Mossadegh. Aunque contó con más ayuda. En 1953, la CIA tenía tan solo seis años de existencia, mientras que la agencia de espionaje británica conocida como MI6 llevaba décadas funcionando, tenía dos guerras mundiales en sus espaldas y había fomentado diversos levantamientos y complots alrededor del mundo mientras Gran Bretaña luchaba por mantener su imperio en decadencia. En los años 50, el recurso vital del imperio británico era el petróleo, el cual era bombeado desde los yacimientos petrolíferos iraníes por la compañía británica Anglo-Iranian Oil Company. En 1951, cansado de que el país sea saqueado, el Parlamento iraní decidió nacionalizar su industria petrolera. La iniciativa fue liderada por Mohammad Mosaddegh, quien poco después fue elegido primer ministro del país asiático. Mosaddegh ocupó el cargo apenas poco más de un año, al tiempo que Estados Unidos y el Reino Unido conspiraban para recuperar el control del petróleo iraní. El grado de protagonismo que tuvo la MI6 en el complot de la CIA para derrocar a Mossadegh fue revelado recién en 2019, cuando se estrenó el notable documental “Golpe del 53”. La película, dirigida por Taghi Amirani, un físico de origen iraní que se convirtió en cineasta, muestra cómo un agente del MI6 llamado Norman Darbyshire fue quien realmente dirigió el golpe de Estado en Irán, una información que se mantuvo mucho tiempo en secreto. En conversación con Democracy Now!, Amirani dijo: “Todos crecimos con la idea de que la CIA llevó adelante el golpe de Estado bajo el liderazgo de Kermit Roosevelt”. Amirani se refiere a Kermit Roosevelt, quien fue reclutado por el entonces director de la CIA, Allen Dulles, y su hermano, el entonces secretario de Estado, John Foster Dulles, para ser el representante de la Agencia en el golpe de Estado iraní. Kermit Roosevelt, que era nieto del presidente Theodore Roosevelt, concedió numerosas entrevistas, en las que prácticamente presumía haber ingresado un millón de dólares en Irán para financiar el golpe de Estado y haber gastado solamente 60.000 dórales para llevarlo a cabo. En su conversación con Democracy Now!, Amirani profundizó sobre este tema: “Kermit era más bien un hombre que llevaba y traía dinero, un aventurero”. En cambio, en referencia al principal agente del MI6 en Irán, Amirani explicó: “Darbyshire se había desempeñado como soldado en Irán desde los 19 años. Es probable que él hablara persa mejor que yo. Él había recorrido las calles iraníes. Realmente entendía la psiquis de los grupos iraníes, tal como dice en la entrevista que aparece en nuestra película. Sabía cómo dirigirse a ellos, cómo manejarlos, qué hilos tocar”. La investigación que Amirani realizó para el documental “Golpe del 53” sacó a la luz pilas de información y materiales sumamente importantes que habían quedado en el olvido. Entre esos materiales, encontró la transcripción de una entrevista que le habían realizado a Darbyshire. Cuando el primer intento de golpe de Estado dirigido por la CIA fracasó, grupos de mercenarios contratados por Darbyshire se lanzaron violentamente a las calles de la ciudad de Teherán, rodearon la casa de Mossadegh y, con la ayuda de oficiales rebeldes del Ejército, atacaron su vivienda y lo arrestaron. Luego, Estados Unidos y Gran Bretaña instalaron a un títere, Mohammad Reza Pahlavii, como nuevo sha de Irán. Pahlavi gobernó durante un cuarto de siglo y, bajo la supervisión de la CIA, creó el servicio de inteligencia y seguridad interior SAVAK, un brutal aparato de seguridad del Estado iraní que aterrorizaba y asesinab...

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De Alabama a Florida, la lucha por el derecho al voto continúa en Estados Unidos

Amy Goodman y Denis Moynihan En mayo de 1901, 150 hombres blancos se reunieron en la ciudad de Montgomery para reescribir la Constitución del estado de Alabama. Estos hombres eligieron a John Knox, un destacado abogado, para presidir la convención. En su discurso de apertura, Knox expresó: “¿Qué es lo que queremos hacer? Establecer la supremacía blanca en este estado [...]; debemos establecerla por ley, no por la fuerza o el fraude”. Y añadió: “Proteger la sacralidad del voto en cada rincón del estado es nuestro deber supremo”. La nueva Constitución del estado legitimó y estableció un marco formal para el racismo al que estaban sometidas las personas negras de Alabama, al privarlas del derecho al voto y endurecer aún más las leyes segregacionistas de Jim Crow. En Alabama se gestaron muchos de los mayores logros del movimiento por los derechos civiles. La Ley del Derecho al Voto de 1965 fue promulgada pocos meses después de la histórica marcha por los derechos electorales que tuvo lugar desde la ciudad de Selma hasta Montgomery, capital de Alabama, ese mismo año. El 80% de la población del condado de Lowndes, Alabama, era negra y, sin embargo, ni uno solo de los residentes negros del condado estaba inscrito en los padrones electorales. El pasado noviembre, más de 120 años después de la ratificación en 1901 de la Constitución racista de Alabama, los ciudadanos finalmente la modificaron. Sin embargo, en la actualidad, tanto las supermayorías blancas que controlan las dos cámaras de la legislatura de Alabama, así como la gobernadora republicana Kay Ivey, quien también es blanca, continúan quitando representación electoral a la comunidad negra. La redistribución con sesgo racial de los distritos electorales congresuales de Alabama fue una de las estratagemas que se llevaron a cabo en ese sentido. En 2021, los legisladores de Alabama rediseñaron el mapa de los distritos electorales congresuales del estado, manipulando la demarcación de los distritos de manera tal de reducir a un solo distrito lo que originalmente deberían haber sido dos distritos congresuales de mayoría negra. Organizaciones de defensa de los derechos civiles y electorales presentaron una demanda, y un tribunal federal rechazó el nuevo mapa congresual y determinó que éste violaba la Ley del Derecho al Voto. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al tribunal y ordenó que se rediseñara el mapa. La legislatura del estado elaboró un nuevo mapa, pero desafió la orden del máximo tribunal estadounidense y mantuvo un solo distrito electoral de mayoría de población negra. Este segundo mapa manipulado fue rechazado de nuevo, esta vez por un panel de tres jueces federales, dos de los cuales fueron designados por Trump. En su fallo, los jueces se declararon “profundamente preocupados” por el hecho de que los legisladores hubieran desafiado la autoridad de la Corte y dispusieron que un árbitro designado por el tribunal —conocido como “maestro especial”— y un cartógrafo trazaran el nuevo mapa que Alabama deberá utilizar para las próximas elecciones presidenciales de 2024. En todo el sur de Estados Unidos se están librando batallas judiciales similares para preservar el derecho al voto de la población negra y se han interpuesto demandas en los estados de Georgia, Tennessee, Luisiana y Florida. El gobernador de Florida y precandidato presidencial del Partido Republicano, Ron DeSantis, vetó el mapa más reciente elaborado por la legislatura del estado y forzó la adopción de uno que él mismo impulsó. Un juez rechazó el mapa propuesto por DeSantis por considerar que este había sido manipulado con sesgo racial. El obispo William Barber, fundador y director del Centro de Teología Pública y Políticas Públicas de la Escuela de la Divinidad de la Universidad de Yale, dijo a Democracy Now!: “DeSantis y quienes lo apoyan no quieren hablar de lo que verdaderamente está pasando [en Florida]. Por eso redistribuyen los distritos electorales de manera ilegal. [...] Las estrategias racistas que restringen la participación electoral [de la población negra] provocan muertes, porque cuando se limita el derecho al voto y se despoja de representación a la población negra, se permite que personas extremistas sean elegidas. Estas, una vez en sus cargos, pueden obstaculizar el acceso a la atención médica, la obtención de salarios dignos y la lucha contra la pobreza. Y cuando se hacen esas cosas, la gente muere. Las malas políticas públicas provocan muertes. La retórica racista y la división pueden crear un contexto de muerte, dar a la gente licencia para matar. Todo eso es [potencialmente] mortal”. El obispo Barber habló con Democracy Now! tras un nuevo tiroteo masivo mortal en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Jacksonville, Florida. El sábado 26 de agosto, un supremacista blanco mató a tiros a tres personas negras en una tienda de la cadena Dollar General y luego se disparó a sí mismo. El rifle semiautomático del atacante tenía unas esvásticas dibujadas. Las fuerza...